¿Cuánto vale la vida de un campesino en el Perú?:

Reflexiones por el Día de la Lucha Campesina

Maribel Aurelia Letona Balderrama

Miembro aspirante del Círculo de Derechos Humanos - UNMSM

Introducción

Para el año 2017 en Brasil fueron asesinados 71 campesinos a raíz de conflictos ambientales; al año siguiente, en Colombia fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas [1]; en el Perú, en el año 2023, también se registraron muertes de campesinos que ejercían su derecho a la protesta, como es el caso de la muerte del líder campesino Remo Candia Guevara [2].

Es alarmante la situación en la que se encuentra la protección de los derechos de los líderes campesinos a nivel americano, ya que, pese a las muertes registradas, aún no se nota un avance significativo en lo que respecto a acciones y medidas eficaces para la defensa de sus representantes; si ello continúa así, es muy probable que las cifras se sigan incrementando. El estado y las empresas no deben reprimir de manera violenta las protestas campesinas, por lo contrario, estas deben de ser escuchadas para entender el malestar de los campesinos.

Por otro lado, el Perú a lo largo de los años se ha prestado para servir a empresas extranjeras, siendo que, en muchos de los casos, las regiones en las cuales estas empresas llevan a cabo su actividad extractiva, no se ven beneficiadas; por el contrario, las consecuencias de la explotación de recursos se presentan de manera negativa para el ecosistema de la región y para los habitantes. Si los pobladores son los más afectados, deberían de tener mayor presencia en las decisiones que pueda tomar el Estado respecto al apoderamiento de las tierras donde viven. Lamentablemente ello no está sucediendo y aún no se le toma la palabra a las voces campesinas que reclaman por el cuidado del medio ambiente.

En el transcurso de este texto, se tendrá como objetivo la reflexión acerca de la lucha campesina, lucha a la que los peruanos han sido históricamente cercanos, algunos desde sus casas a través de las noticias, otros siendo testigos directos que viven o vivieron en las zonas de conflicto y otros que fueron o son partícipes de la lucha de los derechos por las comunidades campesinas.

1. Origen

Este día conmemora un lamentable suceso: el asesinato de 19 campesinos del Movimiento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST de Brasil, que reclamaban su acceso a la tierra y a la justicia un 17 de abril del año 1996 en Eldorado dos Carajás, en Pará, Brasil [3].

1.2. Importancia

Los campesinos han representado históricamente a ese sector olvidado por las autoridades, que pese a contribuir de forma permanente al desarrollo del país, ya que son los que mayor contribución dan a la alimentación de los ciudadanos tanto de zonas rurales como urbanas, sufren carencias que aparentan ser olvidadas: “Los campesinos producen el 70% de los alimentos en todo el mundo. Sin embargo, actualmente representan el 80% de las personas que sufren de hambre en el mundo y el 70% de las que se encuentran en situación de extrema pobreza” [4].

Se tiene la idea errónea de que lo rural es intrínsecamente un sinónimo de pobreza, pero lo cierto es que esto no sería así si el Estado brindará las herramientas para que ellos puedan desarrollarse ampliamente y así mismo, puedan mejorar la calidad de sus productos. Las cifras reflejan una total desigualdad y sumado a ello están las amenazas que reciben de parte de los sectores empresariales, los cuales mantienen un trato hostil hacia la población campesina que se muestra en contra de sus proyectos bajo el permiso tácito del Estado, quien en vez de dar apoyo a las comunidades campesinas, se muestra partidario político de las grandes corporaciones, además de crear leyes que favorezcan la extracción indiscriminada de los recursos.

2. La lucha campesina en el Perú

2.1. Definición de comunidad campesina:

Las comunidades campesinas según el Art. 2 de la Ley 24656 son definidas como organizaciones de interés público constituidas por familias que ocupan determinados territorios, las cuales poseen lazos sociales, económicos, culturales y ancestrales. Dichos vínculos son manifestados en la propiedad comunal de la tierra, el apoyo recíproco, el trabajo comunal, el gobierno democrático y el desenvolvimiento de actividades multisectoriales, cuyos objetivos se dirigen a la realización plena de sus integrantes y del país [5].

2.2. Conflictos sociales en las luchas campesinas:

Las actividades económicas extractivas como son la ganadería, agricultura y minería son las que más se desarrollan en el Perú y en las cuales las comunidades campesinas se ven más involucradas, ello porque la geografía de las zonas rurales sirve para el efectivo desarrollo de las actividades mencionadas. Sin embargo, esto ha traído consigo conflictos sociales en torno a los intereses tanto de las empresas, de los campesinos y del Estado, siendo en estos casos los más afectados los campesinos.

Los conflictos suelen presentarse a raíz de la instalación de empresas con el fin de la “reactivación económica”, sin embargo, ello solo termina con la explotación de los recursos, lo cual afecta gravemente al ecosistema rural. Ello origina los conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo, el 2014 se registraron 139 conflictos socioambientales y el 2017 fueron 169. Algunos de ellos suelen ser a causa de derrames de petróleo, la tala indiscriminada de árboles o la minería irresponsable [6].

Muchos de los conflictos sociales terminan con la lamentable muerte de miembros de comunidades campesinas; ello conlleva a la exigencia de un mayor resguardo y que se tomen acciones para que estas muertes no queden impunes. El Estado, al no tomar acciones frente a estos crímenes, se convierte en cómplice sistemático de ellos: esto se evidencia en casos ya vistos, uno de ellos ocurrido en Cajamarca el 3 de julio del 2011, donde se cobró la vida de Antonio Sánchez Huamán, Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez y el menor de edad César Merino, las cuales expresaban su voz de protesta frente al proyecto Conga, ellos fallecieron a manos de las fuerzas represivas [7]. Las protestas en Cajamarca que duraron alrededor de un mes, trajeron consigo detenciones arbitrarias y violentas, que después se convirtieron en procesos judiciales fuera de su jurisdicción, violando el derecho al debido proceso. La CIDH menciona que:

“Es esencial que en todos los niveles y agencias los Estados respeten y garanticen que nadie será criminalizado por ejercer los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en el contexto de manifestaciones y protestas; así como tampoco será objeto de amenazas, hostigamiento, violencia, persecución o represalias por participar en protestas” [8]

El diálogo tiene que ser la vía idónea para la solución de conflictos, en la cual deben de participar los involucrados, tanto autoridades, empresas y pobladores. Es importante priorizar los derechos y demandas de los líderes campesinos, al ser los directamente implicados en estas situaciones de conflicto.

2.3. El caso del proyecto minero Conga:

En el año 2012 en Cajamarca se planteó la realización del megaproyecto minero Conga, el mismo que desde sus inicios se evidenció que iba a generar impactos ambientales negativos en las cinco cabeceras de cuenca de los principales ríos de las provincias de Celendín, Cajamarca y Bambamarca, por lo que supondría su afectación y la de lagunas de la zona [9].

Anterior a ello, los gobiernos de turno no contribuyeron con la protección a los recursos de las comunidades campesinas, primero en la constitución de 1993 dada en el Gobierno de Alberto Fujimori, donde se suprimió las garantías de inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios comunales, lo cual facilitó su disposición a terceros. Adicional a ello, encontramos la Ley 26505, “Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas”, que redujo la participación de la propiedad comunal [10].

En segundo lugar, en el periodo de gobierno de Alejandro Toledo se emitió la Ley 28259, “Ley de reversión a favor del Estado de los predios rústicos adjudicados a título gratuito”, el cual tenía como fin restituir en pro del estado los territorios rurales declarados en abandono o no hayan cumplido su fin con el cual fueron entregados en adjudicación gratuita y que de esta manera retornen a propiedad del Estado [11].

En marzo del 2008, el expresidente, Alan García, adoptó once decretos legislativos referidos a la propiedad colectiva indígena, sin consulta ni consentimiento de los pueblos indígenas como son los Decretos Legislativos 101525 y el 107326, los cuales tuvieron como fin que la toma de decisiones en las comunidades campesinas y nativas, respecto al acceso a la propiedad colectiva sean de fácil acceso. Ello trajo consigo el conocido “Baguazo”, movilización que dejó como resultado la muerte de 23 policías y 10 indígenas. Posterior a las movilizaciones, el Congreso optó por derogar estos dos decretos [12].

En el gobierno de Ollanta Humala, se aprobó la Ley 29785, del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios; pesé a ello no se evidencia un uso seguido de esta Ley, ello puede notarse en Cajamarca, en el conflicto que se originó a raíz del proyecto [13].

Al inicio del proyecto los Estudios de Impacto Ambiental no fueron tomados rigurosamente, lo cual demostraba la inviabilidad del proyecto. Además, en las negociaciones entre el pueblo cajamarquino, el Estado y la empresa minera, no existió representación de parte de los pobladores, los cuales son los principales afectados [14].

Se presentaron amenazas de parte de la empresa y el Estado hacía los campesinos que se oponían al proyecto; en este contexto, aparecen figuras campesinas relevantes como los son Máxima Acuña y Nélida Ayay Chilón, mujeres que alzaron su voz en defensa de sus derechos y en pro del cuidado de los recursos del lugar donde nacieron [15]. De esta manera nació la “Gran Marcha Nacional del Agua” en el año 2012, donde miles de personas se unieron con el fin de que las autoridades dejen de lado el Proyecto Conga [16].

Los defensores ambientales son reiteradamente acosados cuando se manifiestan en contra de las grandes corporaciones o de las decisiones del Estado, siendo necesario que se den medidas efectivas para la protección de estos grupos y con la necesidad de plantear el objetivo político de que el Perú deje de ser uno de los 10 países con mayor riesgo para los y las defensoras del ambiente [17].

3. Normativa nacional que regula las comunidades campesinas y lo relacionado a ellas:

El reconocimiento de las comunidades campesinas y nativas se encuentra plasmado en la Constitución Política del Perú de 1993, el cual a través de su art. 89 los considera como personas jurídicas y se les otorga existencia legal [18]. De igual forma, se exalta el carácter de imprescriptible a la propiedad de la tierra de dichas comunidades, salvo en caso de abandono de acuerdo con lo estipulado en el artículo 88 [19], además de la libre disposición de estas. De lo mencionado, se busca otorgar a las comunidades autonomía en lo referente al uso de las tierras dentro del marco que la ley otorga.

Sin embargo, a modo de mención también se les concede autonomía organizativa, económica, administrativa y en el uso comunal de las tierras. Por otro lado, tenemos a la Ley de Consulta Previa, la cual fue aprobada el 23 de agosto del 2011, 16 años después de que de que el Perú haya ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [20], de particular relevancia en cuanto surgió como herramienta para proteger a las comunidades indígenas y fortalecer su defensa. La aprobación tardía de esta Ley denota el poco interés que tienen las autoridades por contribuir a la valoración de las comunidades campesinas.

3.1. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales

Respecto al ámbito internacional, el 17 de diciembre de 2018, se aprobó la sesión 73 de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, lo cual marca un hito importante para la comunidad campesina. Esta Declaración tiene como fin proteger a estos grupos y reconocer su contribución a la protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Dentro de los derechos reconocidos por esta están el derecho a la tierra, el agua y una alimentación debida; además, exige el reconocimiento de la identidad cultural y el conocimiento tradicional de las comunidades rurales, sumado a ello, resguardar la defensa de sus derechos e igualdad en el acceso a la justicia [21].

3.2. Ley de Consulta Previa

La necesidad de una Ley del derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, fue reconocida en el Convenio 169 de la OIT. En la práctica, esta ley permitió reconocer el derecho a consulta, en cuanto plasman la obligación de que los pueblos indígenas u originarios deben ser consultados, de manera anticipada, sobre las medidas administrativas o legislativas que alteren de modo directo sus derechos colectivos, identidad cultural, existencia física y su calidad de vida o desarrollo [22].

En ese sentido, el derecho a la Consulta Previa engloba otros derechos, como el derecho de participación, el cual concede a los pueblos la facultad de poder injerirse en determinadas decisiones que les perjudique con el objetivo de dar poder a este sector en situación de vulnerabilidad sobre sus derechos; el derecho a la libre determinación, por el cual los pueblos delimitan de forma autónoma sus propiedades de desarrollo y su modo de vida; el derecho a la propiedad comunal, que se encuentra regulado en la Constitución Política y por el cual el propietario comunal posee la facultad de usar, disfrutar y disponer de un bien [23].

Asimismo, se contiene el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, mediante el cual se establece la relación de este derecho con la necesidad de disfrutar de un ambiente limpio y sano a fin de tener una vida placentera y digna, esto debido a la acción humana que ha originado que los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades tanto campesinas como nativas sufran daños, aquellos que afectan a sus recursos naturales, flora, fauna, biodiversidad, etc. [24]

Conclusión:

Se debe de ser consciente de la importancia del hombre y la mujer campesina, los cuales son parte importante para el desarrollo del país, entender y apoyar su lucha. En ese sentido, es importante que se cuestione las labores de un Estado, cuyo fin de su creación es proteger los intereses de su población. Si bien es cierto, el hecho de que exista esta fecha muestra la importancia que tienen, ello no es suficiente si a diario se crean leyes sin consideración de la gente campesina. La historia ha demostrado que es exigible mayor participación campesina en la política peruana, ya que ellos conocen sus necesidades mejor que nadie.

Por otro lado, se tiene la idea de que la minería acompañada de un desarrollo sostenible tendrá resultados positivos y favorables, pero la realidad es que las autoridades peruanas en muchos de los casos no tienen en sus planes realizar y permitir proyectos con mirada ambientalista, ejemplo de ello es lo ocurrido con el proyecto Conga, donde no se do el Estudio de Impacto Ambiental debido y de haberse procedido con el proyecto estaría en riesgo el recurso hidráulico de la región. La poca fiscalización que hubo en torno a la planeación del proyecto Conga es un patrón que se repite en distintas regiones afectadas por las grandes industrias mineras, donde el Estado no supervisa que las acciones que puedan realizar estas empresas no afecten a la biodiversidad de la región, ello facilita la explotación de los recursos. No deben presentarse más casos Conga en el Perú, es necesario que tanto la población como el Estado estén vigilantes a sucesos similares.

Por último, este día debe de servir para plantearse acciones en pro del apoyo a la lucha campesina, comprender que la corrupción tanto de algunas empresas como autoridades siempre será una dificultad para quienes buscan resguardar el bienestar de los recursos naturales. Nadie tiene derecho a morir luchando por sus derechos como lo ocurrido a las víctimas que se llevó consigo la lucha por la negativa al proyecto Conga.

[1] “Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo”, La vía campesina, acceso el 15 de abril del 2023,

https://viacampesina.org/es/la-declaracion-de-los-derechos-campesinos-en-la-onu/

[2] “La muerte de un líder campesino eleva a 48 los fallecidos en las protestas en Perú”, 20 minutos, acceso el 15 de abril del 2023,

https://www.20minutos.es/noticia/5091525/0/continuan-las-protestas-en-peru-muere-un-manifestante-en-cuzco-y-22-resultan-heridos/

[3] Día Internacional de la Lucha Campesina”, CNDH México, acceso el 5 de abril del 2023, https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-de-la-lucha-campesina

[4] “La defensa de los derechos de los campesinos que promueven los países del Sur cuenta ahora con el apoyo de la ONU”, Equal Times, acceso el 15 de abril del 2023,

https://www.equaltimes.org/la-defensa-de-los-derechos-de-los?lang=es#.ZDwqZXbMLIU

[5] ] Ley General de Comunidades Campesinas, Congreso del Perú, acceso el 5 de abril del 2023, https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/1DAB0BF2E43B8FBB0525797B006DE3C0/%24FILE/1_LEY_24656_Ley_General_Comunidades_Campesinas_SPIJ.pdf

[6] “Perú: En Día Internacional de la Lucha Campesina – Cuatro razones para que te unas a nuestra lucha”, La vía campesina, acceso el 15 de abril del 2023,

https://viacampesina.org/es/peru-en-dia-internacional-de-la-lucha-campesina-cuatro-razones-para-que-te-unas-a-nuestra-lucha/

[7] “Conga: Muertes ocurridas durante el conflicto siguen impunes”, Grufides, acceso el 8 de abril del 2023,

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/1DAB0BF2E43B8FBB0525797B006DE3C0/%24FILE/1_LEY_24656_Ley_General_Comunidades_Campesinas_SPIJ.pdf

[8] “¿Cuáles son las obligaciones del Estado cuando la población ejerce su derecho a la protesta social?”, Instituto de Defensa Legal, acceso el 15 de abril del 2023,

https://www.idl.org.pe/cuales-son-las-obligaciones-del-estado-cuando-la-poblacion-ejerce-su-derecho-a-la-protesta-social/

[9] Cajamarca: proyecto minero afectaría a veinte lagunas en la provincia de Celendín, Actualidad ambienta, acceso el 8 de abril del 2023, https://www.actualidadambiental.pe/cajamarca-proyecto-minero-afectaria-a-veinte-lagunas-en-la-provincia-de-celendin/

[10] ] Cristina Blanco, El proyecto Conga desde los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Lima: PUCP, 2015), acceso el 11 de abril del 2023, https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/5812/BLANCO_VIZARRETA_CRISTINA_PROYECTO_CONGA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[11] Ibid.

[12] Ibid

[13] Ibid

[14] Proyecto Conga, Plataforma Europa Perú, acceso el 12 de abril del 2023, https://www.europaperu.org/proyecto-conga/

[15] “Nélida Ayay Chilón, El corazón de la defensa de la tierra y el agua en Cajamarca”, Luchadoras, acceso el 13 de abril del 2023, https://luchadoras.mx/nelida-ayay-chilon-corazon-la-defensa-la-tierra-agua-cajamarca/

[16] Marcha nacional del agua pide reconocimiento del agua como derecho humano y fin del proyecto minero Conga, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, https://derechoshumanos.pe/2012/02/marcha-nacional-del-agua-pide-reconocimiento-del-agua-como-derecho-humano-y-fin-del-proyecto-minero-conga/

[17] “Mecanismos que no protegen: una dura realidad que enfrentan los defensores y defensoras del ambiente y el territorio en el Perú”, Oxfam, acceso el 15 de abril del 2023,

https://peru.oxfam.org/lo-%C3%BAltimo/blogs/mecanismos-que-no-protegen-una-dura-realidad-que-enfrentan-los-defensores-y

[18] Constitución Política del Perú [Const] Art. 89, acceso el 13 de abril del 2023.

[19] Ibid.

[20] Ibid.

[21] “Declaración de las Naciones Unidas sobre Los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”, SEAE, acceso el 15 de abril del 2023,

https://agroecologia.net/declaracion-onu-campesinos-zonas-rurales/

[22] Ley N.°29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ministerio de Cultura, acceso el 14 de abril del 2023, https://www.culturacusco.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/DERECHO-A-LA-CONSULTA-PREVIA_2020_publicaci%C3%B3n.pdf

[23] Karen Rebaza, DianaUchuypuma y Jakelín Nicolás de la Cruz. (2019). Una mirada crítica a la aplicación de la consulta previa en el Perú a propósito del 30° aniversario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Lumen, 2(15), 214–229, (Lima: UNIFE, 2019), https://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/article/view/1821

[24] Ibid.